El Tribunal Oral Federal 2 condenó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz.

Además, los jueces condenaron a 6 años de prisión a Lázaro Báez por administración fraudulenta en la causa por la obra pública en Santa Cruz.

En el caso del exsecretario de Obras Públicas José López, la condena del TOF2 fue de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicas por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del erario público.

Por otra parte, el Tribunal absolvió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti del delito de asociación ilícita por el que habían sido acusados en el juicio por la obra pública en Santa Cruz.

Los pedidos de la fiscalía

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para el empresario Lázaro Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y seis años para Mauricio Collareda y Juan Villafañe, exfuncionarios del organismo.

Para Héctor Daruich y Raúl Pavesi, en tanto, requirió cinco años, y cuatro años para Abel Fatala y José Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

En el juicio oral se debatió el presunto direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública nacional vial en Santa Cruz a favor de empresas de Báez entre 2003 y 2015, además de presuntos sobreprecios y falta de controles ante incumplimientos.

En la última audiencia de esta semana, la Vicepresidenta hizo uso de su derecho a hablar en sus palabras finales ante los jueces y sostuvo que el Tribunal es un "pelotón de fusilamiento" que tiene sentencia "escrita" por hechos "inexistentes", como parte de una "actividad disciplinadora" para "estigmatizar a un espacio político".