El fin de semana, el fuego se avivó en la zona de Tulumba y en Traslasierra, con dos muertos y una persona gravemente afectada por el alcance de las llamas de los incendios en Córdoba. 

En el Paraje San Felipe de la localidad Villa de María, al norte provincial, personal policial detectó un Volkswagen Gol incinerado, cerca del cual se encontraba Miguel Antonio Armas(48),  según confirmó Defensa Civil de la Provincia.

En San José de la Dormida, en el kilómetro 836 de Ruta 9 Norte, la Policía encontró un Ford Ka con el cuerpo sin vida de  Namir Cáceres Mdaled (21) cerca de su hermano Jesús (27), quien fue auxiliado y trasladado al Instituto del Quemado.

Ante esta temporada de incendios, el Gobierno de Córdoba tuvo que activar el Plan de Remediación para atender a las personas afectadas por el siniestro, además de poner en marcha los dispositivos disponibles para contener las llamas. 

En total, más de 370 efectivos del Plan Provincial de Manejo del Fuego y de Protección Civil están afectados al operativo de combate, además de dos aviones hidrantes y helicópteros, en tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante su Servicio Nacional de Manejo del Fuego, envió medios aéreos a la provincia para ayudar en la tarea de contener los incendios en Córdoba.

Negocios Inmobiliarios tras las llamas

El geógrafo Joaquín Deón, becario de CONICET-UNC e integrante de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas,  detrás de los incendios que en un 95% son intencionales está el agronegocio, la minería a cielo abierto, el sector inmobiliario y los deportes de élite como el golf, las carreras de enduro y motocross, quienes buscan el cambio de uso del suelo una vez que las llamas arrasan con el bosque nativo.

También se señala en este informe especial del Instituto Gulich (UNC-Conae) que publicó UNCiencia a partir de imágenes satelitales, entre 1999 y 2017 el fuego dañó más de 700 mil hectáreas en Córdoba -una superficie igual a 12 ciudades Capital- siendo Sierras Chicas el sector más perjudicado de la geografía mediterránea, con un 38% de su extensión quemada.

 Un bosque con especies como las que crecen en las sierras cordobesas necesita al menos 30 años para recuperarse.

 Aunque la Ley de Bosques 9814 lo prohíbe, el poder económico promueve  el cambio de uso del suelo una vez que las llamas dejaron tierra arrasada  aprovechándose también de un escaso y deficiente control por parte de las autoridades de Ambiente de la Provincia, además de leyes paralelas como la ley provincial 10004 y 9841, ambas promovidas por el Instituto de Planeamiento del Área Metropolitana (IPLAM) y los municipios de ciudades próximas a Córdoba Capital.

“En Córdoba hay una discusión de si queda el 3%, el 5% o el 7% de bosque nativo, la ONG Montes Córdoba y la Coordinadora en defensa del Bosque Nativo dicen que es el 3% y descontando. Más allá de estas cifras, lo que sí es seguro es que queda menos del 3% de los bosques naturales y eso es grave. Incluso, la tragedia de las inundaciones del 15 y 16 de febrero de 2015 fueron la consecuencia de los graves incendios de 2012 y 2014, por la pérdida de masa forestal en cuencas”, sostiene el geógrafo, en una realizada desde la Facultad de Filosofía y humanidades ( https://ffyh.unc.edu.ar/alfilo/donde-hubo-fuego-negocios-quedan/)

Deón confirma que la Ley de Bosques establece la prohibición de eliminar bosque nativo para cambiar el uso del suelo después de los incendios, pero se pregunta quién y cuánto se controla eso: “Los controles no se hacen, o se hacen y no se continúan cuando se clausura una propiedad donde se cometió una infracción por tala o desmonte”.

(Registro de incendios en Córdoba en el mismo lugar, hasta 8 eventos registrados entre 1999 y 2017)

El geógrafo denuncia que en zonas de Sierras Chicas y Punilla, donde después de muchos incendios se habilitaron circuitos de enduro y motocross. Los incendios benefician a grandes empresas, algunas de agro-ganadería, tal como se publicó en un estudio de Daniel Díaz Romero, del proyecto periodístico Sala Ambiental, quien investigó la relación de más de doscientos incendios intencionales de Pampa de Achala con la familia Becerra, y  empresas de fideicomisos relacionadas a Agrocolor y Agro Empresa Argentina, empresas semilleras que prestan servicios del agro u otras que son contratadas por éstas.

Por otro lado, la obra pública que está en el marco de la ley provincial 9814 o las obras “de interés público”, (autovías, lagunas de retención, diques) son proyectos que sí permiten cambiar la categorización del bosque nativo de áreas rojas protegidas a áreas verdes donde se puede desmontar.

“El avance minero se ha dado por la facilitación de un cedulón o de una nota de prefactibilidad después de los asados que se comen en El Gran Ombú, Cantesur u otras mineras con agentes de los municipios, miembros del Comité Técnico Interdisciplinario de la Secretaría de Ambiente y la autorización de la Provincia. Así ocurrió en Villa Allende, La Calera, El Manzano, y Salsipuedes”, denuncia Deón.

“los pequeños productores se ven afectados por los incendios porque se quedan sin pasturas para los animales. Algunas son familias que cuidan el bosque, las sierras, pero sin sustento se tienen que ir y ahí avanzan la minería y los negocios inmobiliarios, es lo que se ve en la zona de San Fernando, entre Villa Allende y La Calera, que linda con Cosquín y Santa María”.

Los circuitos de motos y cuadriciclos, que por ley necesitan estudios de impacto ambiental y audiencias públicas, han generado un desmonte enorme y han tenido participación en cinco grandes incendios (de entre 5.000 y 22.000 hectáreas) entre los años 2013 y 2020 en Sierras Chicas. Esos intereses llevan desmontadas más de 160 hectáreas para circuitos de enduro y motocross en Villa Allende, San Roque, Bialet Massé, Cosquín y La Calera y fueron taladas 180 hectáreas para hacer canchas de golf como en el Terrón, Mendiolaza, por el grupo Tagle, según revela el geógrafo.

Para obtener el apoyo de parte de la ciudadanía, estas empresas mineras ofrecen obras. “La megaminera El Gran Ombú propone lagunas de retención o embalses para poder cambiar el uso del suelo, la juegan de ambientalistas amparándose en la misma Ley de Bosques, que permite el cambio de uso del suelo si se realizan obras de interés público.